Policía de Colombia condena asesinato de otros tres uniformados
BOGOTÁ, 25 abr (Xinhua) — La Policía Nacional (PN) de Colombia condenó este viernes el asesinato de otros tres uniformados en los departamentos de Bolívar y Antioquia en medio de un «plan pistola» ejecutado por grupos armados como represalias a recientes operativos que dejan al menos 15 muertos en dos semanas. «Estos actos de barbarie son acciones desesperadas de grupos criminales», afirmó en su cuenta de la red social X el director de la PN, Carlos Triana, quien responsabilizó al Clan del Golfo, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de los hechos. Señaló que los ataques son «en respuesta a los contundentes golpes propinados por la fuerza pública», pero «con el apoyo de todo el pueblo colombiano los doblegaremos». En el municipio de Simití, Bolívar, los policías Edwin Agustín Feria Mercado y Belén Karina Durán Ortiz perdieron la vida durante un ataque armado, que dejó también malherido al oficial Imanol Javier Escorcia Torres. En el municipio de Tarazá, Antioquia, individuos dispararon al policía Lenin Rafael Suárez Osorio en un retén de control de motocicletas. «Toda nuestra solidaridad hacia sus respetadas familias, con el compromiso institucional de dar con el paradero de los asesinos y ponerlos a disposición de la justicia. Con tal propósito ordenamos el traslado a la zona de un equipo especial de investigación criminal e inteligencia», explicó Triana. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que los recientes ataques forman parte de esta estrategia criminal que busca atentar de manera selectiva contra uniformados. «Son sicarios, no tienen la capacidad de enfrentar al Estado, sino que lo hacen de manera cobarde, pues un sicario se camufla muy fácil entre la gente», dijo el ministro a medios locales. Según información entregada por el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de Policía de Antioquia, los grupos armados están ofreciendo a sicarios entre 2 y 3 millones de pesos por cada miembro de la Fuerza Pública asesinado como respuesta a la neutralización de sus cabecillas. Fin
