Violencia armada y daños a hospitales marcan la crisis en Colombia
Hospitales, ambulancias y estaciones de policía fueron blanco de grupos armados en Cauca, Chocó, Nariño y Tolima, Colombia, según la defensora del Pueblo, Iris Marín. La funcionaria detalló cómo la infraestructura social sufre por la guerra y un terremoto reciente.
BOGOTÁ, 3 nov (Xinhua) — La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, expresó hoy martes, la profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia ejercida por grupos armados en el país, especialmente en los departamentos de Cauca (suroeste), Chocó (noroeste), Nariño (suroeste) y Tolima (centro-oeste).
«El sur del Tolima está enfrentando la expansión de estos grupos relacionados no solo con el narcotráfico, sino también con la minería ilegal, y hay que seguir fortaleciendo las acciones de respuesta y exigir a estos grupos que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que dejen de justificar la violencia contra la población civil en falsas ideologías políticas», señaló desde la ciudad de Popayán, capital del Cauca.
Marín denunció que, además del reciente ataque en el municipio de Planadas, en Tolima, que dejó cuatro civiles muertos, entre ellos un bebé de cuatro meses de edad, en el departamento del Cauca vienen aumentando los ataques contra la población civil con drones, el reclutamiento forzado de niños y los secuestros.
«En Suárez, hombres armados interceptaron una ambulancia y posteriormente ingresaron al hospital municipal donde asesinaron a una persona que recibía atención médica de urgencias. Ese ataque constituyó una afectación a la misión médica, al derecho a la salud, al DIH, pero es solo un ejemplo de lo que ocurre permanentemente en el departamento del Cauca, de la crueldad, del dolor que tiene que enfrentar su población», expresó.
La funcionaria denunció además el secuestro en Piendamó del maestro Jhon Jairo Guerrero, de 70 años, y exigió a los captores que respeten la vida y lo liberen de inmediato.
Por otro lado, condenó el ataque con explosivos en el peaje El Mango, en el municipio de La Sierra, y el hostigamiento armado contra la estación de policía de Totoró, mientras cientos de civiles se encontraban en el centro poblado.
«En Balboa, una motocicleta con explosivos fue activada en inmediaciones de la estación de policía y muy cerca del hospital municipal, poniendo en riesgo a pacientes, personal de la salud y habitantes del sector», sostuvo.
Además, Marín subrayó que la infraestructura institucional de esa región se ha visto afectada no solo por la guerra, sino también por el terremoto del pasado 10 de agosto, que provocó el colapso de varias edificaciones, por lo cual se requiere atención inmediata por parte del Estado.
«El Estado tiene unas responsabilidades, es verdad, como Estado muchas veces hemos estado ausentes, hemos fallado, también es cierto, pero nada justifica lo que le hacen diariamente a la población civil. Son crímenes de guerra, son afectaciones al DIH, a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución», aseveró.
Marín instó al Ministerio del Interior a trabajar de manera articulada con la Defensoría del Pueblo en los territorios para atender oportunamente las alertas tempranas emitidas por la entidad y evitar que se intensifiquen aún más el conflicto armado y las graves afectaciones a la población civil del país. Fin
Contexto para México
Contexto para México: Los ataques contra misiones médicas e infraestructura civil durante conflictos armados representan una grave crisis humanitaria en América Latina. En México, la protección de personal de salud y espacios públicos frente a la violencia criminal sigue siendo un desafío constante para las autoridades.
Con información de la agencia de noticias Xinhua.
